CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  PERÚ DE 1993

P  R  E  Á  M  B  U  L  O

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO, INVOCANDO A DIOS

TODOPODEROSO, OBEDECIENDO EL MANDATO DEL PUEBLO PERUANO Y

RECORDANDO EL SACRIFICIO DE TODAS LAS GENERACIONES QUE NOS

HAN PRECEDIDO EN NUESTRA PATRIA, HA RESUELTO DAR LA SIGUIENTE

CONSTITUCION:

TÍTULO I

DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD

CAPÍTULO I

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

Artículo 1°.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el

fin supremo de la sociedad y del Estado.

Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y  física y a su libre

desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le

favorece.

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen,

raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera

otra índole.

3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No

hay persecución por razón de ideas o creencias.  No hay delito de opinión.

El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no

ofenda la  moral ni altere el orden público.

4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del

pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier

medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni

impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley.

Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de

comunicación social se tipifican en el Código  Penal y se juzgan en el fuero

común.

Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o

le impide circular libremente.  Los derechos de informar y opinar

comprenden los de fundar medios de comunicación.

5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla

de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el

pedido.  Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal

y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad

nacional.2

El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del

juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso

con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.

6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados,

no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.

7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como

a la voz y a la imagen propias.

Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en

cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se

rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las

responsabilidades de ley.

8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como

a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia

el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.

9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar

investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o

sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su

perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo

son  reguladas por la ley.

10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos

privados.

Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden

ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento

motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto

de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen.

Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no

tienen efecto legal.

Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están

sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de

conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden

incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial.

11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir

de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por

mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.

12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o

abiertos al público no requieren aviso  previo. Las que se convocan en

plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que

puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de

sanidad públicas. 3

13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización

jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley.  No

pueden ser disueltas por resolución administrativa.

14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de

orden público.

15. A trabajar libremente, con sujeción a ley.

16. A la propiedad y a la herencia.

17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica,

social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen,  conforme a ley,  los

derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de

iniciativa legislativa y de referéndum.

18. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas

o de cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto profesional.

19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad

étnica y cultural de la Nación.

Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier

autoridad mediante un intérprete.  Los extranjeros tienen este mismo

derecho cuando son citados por cualquier autoridad.

20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la

autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una

respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad.

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo

pueden ejercer individualmente el derecho de petición.

21.A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella.  Tampoco puede ser

privado del derecho de obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera del

territorio de la República.

22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así

como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su

vida.

23. A la legítima defensa.

24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:

a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de

hacer lo que ella no prohibe.

b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo

en los casos previstos por la ley.  Están prohibidas la esclavitud, la

servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas.4

c. No hay prisión por deudas.  Este principio no limita el mandato judicial

por incumplimiento de deberes alimentarios.

d. Nadie  será  procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo

de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera

expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena

no prevista en la ley.

e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado

judicialmente su responsabilidad.

f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del

juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El

detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente,

dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia.

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico

ilícito de drogas.

En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención

preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de

quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez,

quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.

g. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el

esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por

la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin

dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida.

h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido

a tortura o a tratos inhumanos o humillantes.  Cualquiera puede pedir de

inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquélla

imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor

las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en

responsabilidad.

Artículo 3°.-  La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no

excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o

que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del

pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de

gobierno.

CAPÍTULO II

DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS

Artículo 4°.- La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al

adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También

protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos

como institutos naturales y fundamentales de la sociedad.

La  forma  del  matrimonio y las causas de separación y de disolución son

reguladas por la ley.5

Artículo 5°.- La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento

matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes

sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable.

Artículo 6°.-   La política nacional de población tiene como objetivo  difundir y

promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las

familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura  los

programas de educación y la información adecuados y el acceso a los medios,

que no afecten la vida o la salud.

Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos.

Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres.

Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención

sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación  en los

registros civiles y en cualquier otro documento de identidad.

Artículo 7°.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio

familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y

defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una

deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen

legal de protección, atención, readaptación y seguridad.

Artículo 8°.- El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo,

regula el uso de los tóxicos sociales.

Artículo 9°.- El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo

norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en

forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los

servicios de salud.

Artículo 10°.- El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda

persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que

precise la ley y para la elevación de su calidad de vida.

Artículo 11°.- El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a

pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo

su eficaz funcionamiento.

La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenes

de pensiones a cargo del Estado.(*)

(*) Párrafo agregado mediante la Ley Nº 28389, publicada el 17 de noviembre

de 2004.

Artículo 12°.- Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles.

Los recursos se aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley.

Artículo 13°.-    La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la

persona humana.  El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza.  Los

padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger

los centros de educación y de participar en el proceso educativo.6

Artículo 14°.- La educación promueve el  conocimiento, el aprendizaje y la

práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y

el deporte.  Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad.

Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país.

La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos

humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La

educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias.

La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios

constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa.

Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la

educación y en la formación moral y cultural.

Artículo 15°.- El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. La ley

establece los requisitos para desempeñarse como director o profesor de un centro

educativo, así como sus derechos y obligaciones. El Estado y la sociedad

procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y promoción

permanentes.

El educando tiene derecho a una formación que respete su  identidad, así como al

buen trato psicológico y físico.

Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir

instituciones educativas y el de transferir la propiedad de éstas, conforme a ley.

Artículo 16°.- Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados.

El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de

los planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización de los

centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación.

Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de  recibir educación

adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o

físicas.

Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del

Presupuesto de la República.

Artículo 17°.- La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las

instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas el

Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que

mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos

económicos necesarios para cubrir los costos de educación.

Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor de

quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la

educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la

cooperativa.7

El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los

requiera.

El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo.  Asimismo fomenta la

educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona.

Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país.

Promueve la integración nacional.

Artículo 18°.- La educación universitaria tiene como fines la formación

profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación

científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la

intolerancia.

Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija

las condiciones para autorizar su funcionamiento.

La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan

en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley.

Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno,

académico, administrativo y económico.  Las universidades se rigen por sus

propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.

Artículo 19°.- Las universidades, institutos superiores y demás centros

educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de

inafectación de todo  impuesto directo e indirecto que afecte los bienes,

actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural.  En materia de

aranceles de importación, puede establecerse un régimen especial de afectación

para determinados bienes.

Las donaciones y becas con fines educativos gozarán de exoneración y

beneficios tributarios en la forma y dentro de los límites que fije la ley.

La ley establece los mecanismos de fiscalización a que se sujetan las

mencionadas instituciones, así como los requisitos y condiciones que deben

cumplir los centros culturales que por excepción puedan gozar de los mismos

beneficios.

Para las instituciones educativas privadas que generen ingresos que por ley sean

calificados  como utilidades, puede establecerse la aplicación del impuesto a la

renta.

Artículo 20°.- Los colegios profesionales son instituciones autónomas con

personalidad de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación es

obligatoria.

Artículo 21°.- Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones,

monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y

testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y

provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la

Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública.

Están protegidos por el Estado.8

La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio. Fomenta conforme a ley, la

participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión del

mismo, así como su restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado

fuera del territorio nacional.

Artículo 22°.-  El trabajo es un deber y un derecho.  Es base del bienestar social

y un medio de realización de la persona.

Artículo 23°.- El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención

prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad

y al impedido que trabajan.

El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial

mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el

trabajo.

Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos

constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.

Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento.

Artículo 24°.- El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y

suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual.

El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene

prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador.

Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las

organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores.

Artículo 25°.- La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta

y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o

atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede

superar dicho máximo.

Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados.  Su

disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio.

Artículo 26°.- En la relación laboral se respetan los siguientes principios:

1. Igualdad de oportunidades sin discriminación.

2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la

ley.

3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el

sentido de una norma.

Artículo 27°.- La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido

arbitrario.9

Artículo 28°.- El Estado reconoce los derechos de  sindicación, negociación

colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático:

1. Garantiza la libertad sindical.

2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica

de los conflictos laborales.

La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo

concertado.

3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés

social.  Señala sus excepciones y limitaciones.

Artículo 29°.- El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en

las utilidades de la empresa y  promueve otras formas de participación.

CAPÍTULO III

DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y DE LOS DEBERES

Artículo 30°.- Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años.  Para el

ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral.

Artículo 31°. – Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos

mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades

y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y

de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y

procedimientos determinados por ley orgánica.

Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su

jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su

participación.

Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. Para el

ejercicio de este derecho se requiere estar inscrito en el registro correspondiente.

El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años.  Es

facultativo después de esa edad.

La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los

procesos electorales y de participación ciudadana.

Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus

derechos.

(*)

(*)

Artículo modificado por Ley Nº 28480, publicada el 30 de marzo de 2005.  Antes de la reforma, este artículo tuvo el siguiente

texto:

“Artículo 31°.- Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o

revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus

representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.

Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e

indirectos de su participación.

Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil.

El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años.  Es facultativo después de esa edad.

Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos.”10

Artículo 32°. – Pueden ser sometidas a referéndum:

1. La reforma total o parcial de la Constitución;

2. La aprobación de normas con rango de ley;

3. Las ordenanzas municipales; y

4. Las materias relativas al proceso de descentralización.

No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos

fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal,

ni los tratados internacionales en vigor.

Artículo 33°.- El ejercicio de la ciudadanía se suspende:

1. Por resolución judicial de interdicción.

2. Por sentencia con pena privativa de la libertad.

3. Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos.

Artículo 34°.- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional

tienen derecho al voto y a la participación ciudadana, regulados por ley. No

pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidarias

o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la

situación de retiro, de acuerdo a ley.

(*)

Artículo 35°.- Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a

través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas,

conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de

la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede

personalidad jurídica.

La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de

los partidos políticos, y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos

económicos y el acceso gratuito a los medios de comunicación social de

propiedad del Estado en forma proporcional al último resultado  electoral general.

Artículo 36°.- El Estado reconoce el asilo político.  Acepta la calificación del

asilado que otorga el gobierno asilante.  En caso de expulsión, no se entrega al

asilado al país cuyo gobierno lo persigue.

Artículo 37°.- La extradición sólo se concede por el Poder Ejecutivo previo

informe de la Corte Suprema, en cumplimiento de la ley y de los tratados, y según

el principio de reciprocidad.

(*)

Artículo modificado por Ley Nº 28480, publicada el 30 de marzo de 2005. Antes de la reforma, este artículo tuvo el siguiente texto:

“Artículo 34°.- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad no pueden elegir ni ser elegidos.  No existen ni

pueden crearse otras inhabilitaciones.”11

No se concede extradición si se considera que ha sido solicitada con el fin de

perseguir o castigar por motivo de religión, nacionalidad, opinión o raza.

Quedan excluidos de la extradición los perseguidos por delitos políticos o por

hechos conexos con ellos. No se consideran tales el genocidio ni el magnicidio ni

el terrorismo.

Artículo 38°.- Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger

los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución

y el ordenamiento jurídico de la Nación.

CAPÍTULO IV

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Artículo 39°.- Todos  los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de

la Nación. El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a

la Nación y, en ese orden, los representantes al Congreso, ministros de Estado,

miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los

magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual

categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de

acuerdo a ley.

Artículo 40°.- La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos,

deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos

en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de

confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un

empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función

docente.

No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del

Estado o de sociedades de economía mixta.

Es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que, por

todo concepto, perciben los altos funcionarios, y otros servidores públicos que

señala la ley, en razón de sus cargos.

Artículo 41°.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que

administran o manejan fondos del Estado o  de organismos sostenidos por éste

deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus

cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se

realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.

Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia

de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial.

La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así

como el plazo de su inhabilitación para la función pública.

El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el

patrimonio del Estado. 12

Artículo 42°.- Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los

servidores públicos. No están comprendidos los funcionarios del Estado con

poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así

como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

TÍTULO II

DEL ESTADO Y LA NACIÓN

CAPÍTULO I

DEL ESTADO, LA NACIÓN Y EL TERRITORIO

Artículo 43°.- La República del Perú es democrática, social, independiente y

soberana.

El Estado es uno e indivisible.

Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el

principio de la separación de poderes.

Artículo 44°.- Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía

nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la

población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general

que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la

Nación.

Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y

promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y

la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior.

Artículo 45°.-   El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo

hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes

establecen.

Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la

población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o

sedición.

Artículo 46°.- Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes

asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes.

La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden

constitucional.

Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas.

Artículo 47°.- La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los

Procuradores Públicos conforme a ley. El Estado está exonerado del pago de

gastos judiciales.  13

Artículo 48°.-    Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde

predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas

aborígenes, según la ley.

Artículo 49°.- La capital de la República del Perú es la ciudad de Lima. Su capital

histórica es la ciudad del Cusco.

Son símbolos de la patria la bandera de tres franjas verticales con los colores rojo,

blanco y rojo, y el escudo y  el himno nacional establecidos por ley.

Artículo 50°.- Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado

reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica,

cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración.

El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración

con ellas.

Artículo 51°.-  La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las

normas de inferior jerarquía, y así  sucesivamente. La publicidad es esencial para

la vigencia de  toda norma del Estado.

Artículo 52°.-   Son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la

República.  También lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos,

inscritos en el registro correspondiente durante su minoría de edad.

Son asimismo peruanos los que adquieren la nacionalidad por naturalización o

por opción, siempre que tengan residencia en el Perú.

Artículo 53°.-    La ley regula las formas en que se adquiere o recupera la

nacionalidad.

La nacionalidad peruana  no se pierde, salvo por renuncia expresa ante autoridad

peruana.

Artículo 54°.-  El territorio del Estado es inalienable e inviolable.  Comprende el

suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre.

El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así

como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas

medidas desde las líneas de base que establece la ley.

En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de

las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los

tratados ratificados por el Estado.

El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su

territorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin perjuicio

de las libertades de comunicación internacional, de conformidad con la ley y con

los tratados ratificados por el Estado.14

CAPÍTULO II

DE LOS TRATADOS

Artículo 55°.- Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del

derecho nacional.

Artículo 56°.- Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su

ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las

siguientes materias:

1. Derechos Humanos.

2. Soberanía, dominio o integridad del Estado.

3. Defensa Nacional.

4. Obligaciones financieras del Estado.

También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean,  modifican

o suprimen tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los

que requieren medidas legislativas para su ejecución.

Artículo 57°.- El Presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o

adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso en materias

no contempladas en el artículo precedente. En todos esos casos, debe dar cuenta

al Congreso.

Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el

mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser

ratificado por el Presidente de la República.

La denuncia de los tratados es potestad del Presidente de la República, con cargo

de dar cuenta al Congreso.  En el caso de los tratados sujetos a aprobación del

Congreso, la denuncia requiere aprobación previa de éste.

TÍTULO III

DEL  RÉGIMEN ECONÓMICO

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 58°.- La iniciativa privada es libre.  Se ejerce en una economía social de

mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa

principalmente en las áreas de promoción  de empleo, salud, educación,

seguridad, servicios públicos e infraestructura.

Artículo 59°.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de

trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas

libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El

Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier

desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus

modalidades.15

Artículo 60°.- El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional

se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.

Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente

actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de

manifiesta conveniencia nacional.

La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.

Artículo 61°.- El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda

práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas.

Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios.

La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación

social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la

libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad,

monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de

particulares.

Artículo 62°.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar

válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos

contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de

cualquier clase.  Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se

solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección

previstos en el contrato o contemplados en la ley.

Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar

seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la

protección a que se refiere el párrafo precedente.

Artículo 63°.-   La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas

condiciones.  La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres.

Si otro  país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que

perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de éste, adoptar

medidas análogas.

En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjeros

domiciliados consta el sometimiento de éstos a las leyes y órganos

jurisdiccionales de la República  y su renuncia a toda reclamación diplomática.

Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de carácter

financiero.

El Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las

controversias derivadas de relación contractual a tribunales constituidos en virtud

de tratados en vigor.  Pueden también someterlas a arbitraje nacional o

internacional, en la forma en que lo disponga la ley.

Artículo 64°.- El Estado garantiza la libre tenencia y disposición de moneda

extranjera.16

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para

tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se

encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la

salud y la seguridad de la población.

CAPÍTULO II

DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES

Artículo 66°.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio

de la Nación.  El Estado es soberano en su aprovechamiento.

Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a

particulares. La  concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha

norma legal.

Artículo 67°.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el

uso sostenible de sus recursos naturales.

Artículo 68°.- El Estado está obligado a promover la conservación de la

diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.

Artículo 69°.- El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con

una legislación adecuada.

CAPÍTULO III

DE LA PROPIEDAD

Artículo 70°.- El derecho de propiedad es inviolable.  El  Estado lo garantiza.  Se

ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley.  A nadie

puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad

nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de

indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio.

Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el

Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio.

Artículo 71°.- En cuanto a la propiedad, los extranjeros,  sean personas naturales

o jurídicas, están en la misma condición que los peruanos, sin que, en caso

alguno, puedan invocar excepción ni protección diplomática.

Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no

pueden adquirir ni poseer, por  título alguno, minas, tierras, bosques, aguas,

combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni

en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así

adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por

decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley.

Artículo 72°.- La ley puede, sólo por razón de seguridad nacional, establecer

temporalmente restricciones y prohibiciones específicas para la adquisición,

posesión, explotación y transferencia de determinados bienes.17

Artículo 73°.-  Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles.

Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley,

para su aprovechamiento económico.

CAPÍTULO IV

DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL

Artículo 74°.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una

exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación

de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto

supremo.

Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y

suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y

con los límites que señala la ley.  El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe

respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los

derechos fundamentales de la persona.  Ningún tributo puede tener carácter

confiscatorio.

Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas

sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a

partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación.

No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece

el presente artículo.

(*)

Artículo 75°.- El Estado sólo garantiza el pago de la deuda pública contraída por

gobiernos constitucionales de acuerdo con la Constitución y la ley.

Las operaciones de endeudamiento interno y externo del Estado se aprueban

conforme a ley.

Los municipios pueden celebrar operaciones de crédito con cargo a sus recursos

y bienes propios, sin requerir autorización legal.

Artículo 76°.- Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos

o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y  licitación pública,

así como también la adquisición o la enajenación de bienes.

La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la

Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el

procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades.

(*)

Artículo modificado por Ley Nº 28390, publicada el 17 de noviembre de 2004. Antes de la reforma, este artículo

tuvo el siguiente texto:

“Artículo 74°.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o

decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante

decreto supremo.

Los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su

jurisdicción y con los  límites que señala la ley.  El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de

reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener

efecto confiscatorio.

Los decretos de urgencia no pueden contener materia tributaria.  Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a

partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación. Las leyes de presupuesto no pueden contener normas

sobre materia tributaria.

No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo.”18

Artículo 77°.- La administración económica y financiera del Estado se rige por el

presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto

del sector público contiene dos secciones: gobierno central e instancias

descentralizadas.

El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, su programación y

ejecución responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas

y de descentralización. Corresponden a las respectivas circunscripciones,

conforme a ley, recibir una participación adecuada del total de los ingresos y

rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales en

cada zona en calidad de canon.

(*)

Artículo 78°.- El Presidente de la República envía al Congreso el proyecto de Ley

de Presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año.

En la misma fecha, envía también los proyectos de ley de endeudamiento y de

equilibrio financiero.

El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado.

Los préstamos procedentes del Banco Central de Reserva o del Banco de la

Nación no se contabilizan como ingreso fiscal.

No pueden cubrirse con empréstitos los gastos de carácter permanente.

No puede aprobarse el presupuesto sin partida destinada al servicio de la deuda

pública.

Artículo 79°.- Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear

ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto.

El Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo por

solicitud del Poder Ejecutivo.

En cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o

exoneraciones requieren previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas.

Sólo por ley expresa, aprobada por dos tercios de los congresistas, puede

establecerse selectiva y temporalmente un tratamiento tributario especial para una

determinada zona del país.

Artículo 80°.- El Ministro de Economía y Finanzas sustenta, ante el Pleno del

Congreso de la República, el pliego de ingresos.  Cada ministro sustenta los

pliegos de egresos de su sector; previamente sustentan los resultados y metas de

(*)

Artículo modificado por Ley Nº 26472, publicada el 13 de Junio de 1995.  Antes de la reforma, este artículo tuvo el

siguiente texto:

“Artículo 77°.- La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el

Congreso.

La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones: gobierno central e instancias descentralizadas.

El presupuesto  asigna equitativamente los recursos públicos. Su programación y ejecución responden a los criterios de

eficiencia, de necesidades sociales básicas y de descentralización.

Corresponde a las respectivas circunscripciones, conforme a ley. recibir una participación adecuada del impuesto a la renta

percibido por la explotación de los recursos naturales en cada zona, en calidad de canon.”19

la ejecución del presupuesto del año anterior y los avances en la ejecución del

presupuesto del año fiscal correspondiente.  El Presidente de la Corte Suprema,

el Fiscal de la Nación y el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones

sustentan los pliegos correspondientes a cada institución.

Si la autógrafa de la Ley de Presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo  hasta

el treinta de noviembre, entra en vigencia el proyecto de este, que es promulgado

por decreto legislativo.

Los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas se

tramitan ante el Congreso de la República tal como la Ley de Presupuesto.

Durante el receso parlamentario, se tramitan ante la Comisión Permanente. Para

aprobarlos, se requiere los votos de los tres quintos del número legal de sus

miembros.

(*)

Artículo 81°.- La Cuenta General de la República, acompañada del informe de

auditoría de la Contraloría General de la República, es remitida por el Presidente

de la República al Congreso de la República en un plazo que vence el quince de

agosto del año siguiente a la ejecución del presupuesto.

La Cuenta General de la República es examinada y dictaminada por una comisión

revisora hasta el  quince de octubre.  El Congreso de la República se pronuncia

en un plazo  que vence el treinta de octubre.  Si no hay pronunciamiento del

Congreso  de la República  en el plazo señalado, se eleva el dictamen de la

comisión revisora al Poder Ejecutivo para que este promulgue un decreto

legislativo que contiene la Cuenta General de la República.

(*)

Artículo 82°.- La Contraloría General de la República es una entidad

descentralizada de Derecho Público que goza de autonomía conforme a su ley

orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la

legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la

deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control.

El Contralor General es designado por el Congreso, a propuesta del Poder

Ejecutivo, por siete años. Puede ser removido por el Congreso por falta grave.

(*)

Artículo modificado por Ley N° 29401, publicada el 8 de setiembre de 2009. Antes de la reforma, este artículo

tuvo el siguiente texto:

“Artículo 80°.- El Ministro de Economía y Finanzas sustenta, ante el Pleno del Congreso, el pliego de ingresos.  Cada

ministro sustenta los pliegos de egresos de su sector.  El Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación y el

Presidente del Jurado Nacional de Elecciones sustentan los pliegos correspondientes a cada institución.

Si la autógrafa de la Ley de Presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo  hasta el treinta de noviembre, entra en vigencia

el Proyecto de éste, que es promulgado por decreto legislativo.

Los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas se tramitan ante el Congreso tal como la Ley de

Presupuesto. Durante el receso parlamentario se tramitan ante la Comisión Permanente. Para aprobarlos, se requiere los

votos de los tres quintos del número legal de sus miembros.”

(*)

Artículo modificado por Ley N° 29401, publicada el 8 de setiembre de 2009. Antes de la reforma, este artículo

tuvo el siguiente texto:

“Artículo 81°.- La Cuenta General de la República, acompañada del informe de auditoría de la Contraloría General, es

remitida por el Presidente de la República al Congreso en un plazo que vence el quince de noviembre del año siguiente al

de ejecución del presupuesto.

La Cuenta General es examinada y dictaminada por una Comisión Revisora dentro de los noventa días siguientes a su

presentación.  El Congreso se pronuncia en un plazo de treinta días.  Si no hay pronunciamiento del Congreso en el plazo

señalado, se eleva el dictamen de la Comisión Revisora al Poder Ejecutivo para que éste promulgue un decreto legislativo

que contiene la Cuenta General.”20

CAPÍTULO V

DE LA MONEDA Y LA BANCA

Artículo 83°.- La ley determina el sistema monetario de la República.  La emisión

de billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado.  La ejerce por intermedio

del Banco Central de Reserva del Perú.

Artículo 84°.- El Banco Central es persona jurídica de derecho público.  Tiene

autonomía dentro del marco de su Ley Orgánica.

La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria.  Sus

funciones son: regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar

las reservas internacionales a su cargo, y las demás funciones que señala su ley

orgánica.

El Banco informa al país, exacta y periódicamente, sobre el estado de las finanzas

nacionales, bajo responsabilidad de su Directorio.

El Banco está prohibido de conceder financiamiento al erario, salvo la compra, en

el mercado secundario, de valores emitidos por el Tesoro Público, dentro del

límite que señala su Ley Orgánica.

Artículo 85°.- El Banco puede efectuar operaciones y celebrar convenios de

crédito para cubrir desequilibrios transitorios en la posición de las reservas

internacionales.

Requiere autorización por ley cuando el monto de tales operaciones o convenios

supera el límite señalado por el Presupuesto del Sector Público, con cargo de dar

cuenta al Congreso.

Artículo 86°.- El Banco es gobernado por un Directorio de siete miembros. El

Poder Ejecutivo designa a cuatro, entre ellos al Presidente. El Congreso ratifica a

éste y elige a los tres restantes, con la mayoría absoluta del número legal de sus

miembros.

Todos los directores del Banco son nombrados por el período constitucional que

corresponde al Presidente de la República. No representan a entidad ni interés

particular algunos. El Congreso puede removerlos por falta grave.  En caso de

remoción, los nuevos directores completan el correspondiente período

constitucional.

Artículo 87°.- El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las

obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así

como el modo y los alcances de dicha garantía.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos

de Pensiones ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de

administración de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del

público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares,

determine la ley.21

La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia

de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca, Seguros y

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones por el plazo  correspondiente

a su período constitucional. El Congreso lo ratifica.

(*)

CAPÍTULO VI

DEL RÉGIMEN AGRARIO Y DE LAS

COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS

Artículo 88°.- El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el

derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera

otra forma asociativa.  La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra

según las peculiaridades de cada zona.

Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para

su adjudicación en venta.

Artículo 89°.- Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal

y son personas jurídicas.

Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre

disposición de sus  tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del

marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo

en el caso de abandono previsto en el artículo anterior.

El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y

Nativas.

TÍTULO IV

DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

CAPÍTULO I

PODER LEGISLATIVO

Artículo 90°.- El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual

consta de cámara única.

El número de congresistas es de ciento treinta. El Congreso de la República se

elige por un período de cinco años mediante un proceso electoral organizado

conforme a ley. Los candidatos a la Presidencia de la República no pueden

(*)

Artículo modificado por Ley Nº 28484, publicada el 5 de abril de 2005. Antes de la reforma, este artículo tuvo el

siguiente texto:

“Artículo 87°.- El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que

reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía.

La Superintendencia de Banca y Seguros ejerce el control de las empresas bancarias y de seguros, de las demás que

reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley.

La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca y Seguros.

El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca y Seguros por el plazo  correspondiente a su período

constitucional. El Congreso lo ratifica.”22

integrar las listas de candidatos a congresistas.  Los candidatos a vicepresidentes

pueden ser simultáneamente candidatos a una representación en el Congreso.

Para ser elegido congresista, se requiere ser peruano de nacimiento, haber

cumplido veinticinco años y gozar del derecho de sufragio.

(*)

NOTA: En la Ley N° 29402, publicada el 8 de setiembre de 2009, que modifica este

artículo, se incorporan las siguientes disposiciones transitorias:

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ESPECIAL

Tercera.-  El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) distribuye los escaños en cantidad de

cuatro para Lima Provincias sin afectar la distribución nacional existente y los seis

escaños restantes conforme a ley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- La presente reforma constitucional entra en vigencia para el proceso electoral del

año 2011.

Artículo 91°.- No pueden ser elegidos miembros del Parlamento Nacional si no

han renunciado al cargo seis (6) meses antes de la elección:

1. Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General.

2. Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la

Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional

de Elecciones, ni el Defensor del Pueblo.

3. El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca,

Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y el

Superintendente Nacional de Administración Tributaria.

4. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en

actividad, y

5. Los demás casos que la Constitución prevé.

(*)

(*)

Artículo modificado por Ley N° 29402, publicada el 8 de setiembre de 2009. Antes de la reforma, este artículo

tuvo el siguiente texto:

“Artículo 90°.- El Poder Legislativo reside en el Congreso, el cual consta de Cámara Única.

El número de congresistas es de ciento veinte. El Congreso se elige por un período de cinco años mediante un proceso

electoral organizado conforme a ley. Los candidatos a la presidencia no pueden integrar las listas de candidatos a

congresistas.  Los candidatos a vicepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos a una representación a Congreso.

Para ser elegido congresista se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar del derecho

de sufragio.”

(*)

Artículo modificado por Ley Nº 28607, publicada el 4 de octubre de 2005.  Antes de la reforma, este artículo tuvo

el siguiente texto:

“Artículo 91°.- No pueden ser elegidos congresistas si no han dejado el cargo seis meses antes de la elección:

1. Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General, y las autoridades regionales.

2. Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de  la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio

Público, del Jurado Nacional de Elecciones, ni el Defensor del Pueblo.

3. El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de

Fondos de Pensiones y el Superintendente Nacional de Administración Tributaria. Y*

————————————————————————————————————–

* Numeral modificado por Ley Nº 28484, publicada el 5 de abril de 2005. Antes de la reforma, este numeral tuvo

el siguiente texto:

“3. El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca y Seguros, el Superintendente de

Administración Tributaria, el Superintendente Nacional de Aduanas y el Superintendente de Administradoras

de Fondos Privados de Pensiones. Y”

————————————————————————————————————–

4. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad.”23

Artículo 92°.- La función de congresista es de tiempo completo; le está prohibido

desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las

horas de funcionamiento del Congreso.

El mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquiera otra

función pública, excepto la de Ministro de Estado, y el desempeño, previa

autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter

internacional.

La función de congresista es, asimismo, incompatible con la condición de gerente,

apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario o

miembro del Directorio de empresas que tienen con el Estado contratos de obras,

de suministro o de aprovisionamiento, o que administran rentas públicas o prestan

servicios públicos.

La función de congresista es incompatible con cargos similares en empresas que,

durante el  mandato del congresista, obtengan concesiones del Estado, así como

en empresas del sistema crediticio financiero supervisadas por la

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de

Pensiones.

(*)

Artículo 93°.-   Los congresistas representan a la Nación.  No están sujetos a

mandato imperativo ni a interpelación.

No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las

opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.

No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la

Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber

cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos

a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las

veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el

enjuiciamiento.

Artículo 94°.- El Congreso elabora y aprueba su Reglamento, que tiene fuerza de

ley; elige a sus representantes en la Comisión  Permanente y en las demás

comisiones; establece la organización y las atribuciones de los grupos

parlamentarios; gobierna su economía; sanciona su presupuesto; nombra y

remueve a sus funcionarios y empleados, y les otorga los beneficios que les

corresponden de acuerdo a ley.

Artículo 95°.- El mandato legislativo es irrenunciable.

Las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los representantes y que

implican suspensión de funciones no pueden exceder de ciento veinte días de

legislatura.

(*)

Último párrafo del artículo 92°, modificado por Ley Nº 28484, publicada el 5 de abril de 2005.  Antes de la

modificación, este párrafo tuvo el siguiente texto:

“La función de congresista es incompatible con cargos similares en empresas que, durante el  mandato del congresista,

obtengan concesiones del Estado, así como en empresas del sistema crediticio financiero supervisadas por la

Superintendencia de Banca y Seguros.”24

Artículo 96°.- Cualquier representante a Congreso puede pedir a los Ministros de

Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central

de Reserva, a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas

de Fondos de Pensiones, a los Gobiernos Regionales y Locales y a las

instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios.

(*)

El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el Reglamento del Congreso. La

falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley.

Artículo 97°.- El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto

de interés público.  Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las

comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que

se observan en el procedimiento judicial.

Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier

información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la

reserva tributaria; excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus

conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales.

Artículo 98°.- El Presidente de la República está obligado a poner a disposición

del Congreso los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que

demande el Presidente del Congreso.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden ingresar en el recinto del

Congreso sino con autorización de su propio Presidente.

Artículo 99°.- Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso:

al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de

Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo

Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales

supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor  General  por infracción de la

Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y

hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas.

Artículo 100°.- Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión

Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el

ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin

perjuicio de cualquiera otra responsabilidad.

El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con

asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del

Congreso.

En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación

formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días.  El Vocal

Supremo Penal abre la instrucción correspondiente.

(*)

Primer párrafo del artículo 96°, modificado por Ley Nº 28484, publicada el 5 de abril de 2005. Antes de la

modificación, este párrafo tuvo el siguiente texto:

“Cualquier representante a Congreso puede pedir a los Ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor

General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca y Seguros, a los gobiernos locales y a las

instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios.”25

La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos

políticos.

Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden

exceder ni reducir los términos de la  acusación del Congreso.

Artículo 101°.- Los miembros de la Comisión Permanente del Congreso son

elegidos por éste. Su número tiende a ser proporcional al de los representantes

de cada grupo parlamentario y no excede del veinticinco por ciento del número

total de congresistas.

Son atribuciones de la Comisión Permanente:

1. Designar al Contralor General, a propuesta del Presidente de la República.

2. Ratificar la designación del Presidente del Banco Central  de Reserva y del

Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos

de Pensiones.

(*)

3. Aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones del

Presupuesto, durante el receso parlamentario.

4. Ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue

No pueden delegarse a la Comisión Permanente materias  relativas a

reforma constitucional, ni a la aprobación de  tratados internacionales,

leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la

República.

5. Las demás que le asigna la Constitución y las que le señala el Reglamento

del Congreso.

Artículo 102°.- Son atribuciones del Congreso:

1. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o

derogar las existentes.

2. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo

conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores.

3. Aprobar los tratados, de conformidad con la Constitución.

4. Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General.

5. Autorizar empréstitos, conforme a la Constitución.

6. Ejercer el derecho de amnistía.

7. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo.

(*)

Numeral modificado por Ley Nº 28484, publicada el 5 de abril de 2005. Antes de la modificación, este numeral

tuvo el siguiente texto:

“2. Ratificar la designación del Presidente del Banco Central  de Reserva y del Superintendente de Banca y Seguros.”26

8. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio

de la República, siempre que no afecte, en forma alguna, la soberanía

nacional.

9. Autorizar al Presidente de la República para salir del país.

10. Ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son

propias de la función legislativa.

CAPÍTULO II

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

Artículo 103°.-    Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la

naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La

ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones

y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo,

en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga

sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su

inconstitucionalidad.

La Constitución no ampara el abuso del derecho.

(*)

Artículo 104°.- El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de

legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo

determinado establecidos en la ley autoritativa.

No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión

Permanente.

Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación,

publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley.

El Presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente

de cada decreto legislativo.

Artículo 105°.- Ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido

previamente aprobado por la respectiva Comisión dictaminadora, salvo excepción

señalada en el Reglamento del Congreso. Tienen preferencia del Congreso  los

proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia.

Artículo 106°.- Mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el

funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como

también las otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la

Constitución.

(*)

Artículo sustituido por Ley Nº 28389, publicada el 17 de noviembre de 2004. Antes de la reforma, este artículo

tuvo el siguiente texto:

“Artículo 103°.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la

diferencia de personas.

Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en materia penal, cuando favorece al reo.

La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad.

La Constitución no ampara el abuso del derecho.”27

Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquiera otra ley. Para su

aprobación o modificación, se requiere el voto de más de la mitad del número

legal de miembros del Congreso.

CAPÍTULO III

DE LA FORMACIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS LEYES

Artículo 107°.-  El Presidente de la República y los Congresistas tienen derecho a

iniciativa en la formación de leyes.

También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros

poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los Gobiernos

Regionales, los Gobiernos Locales y los colegios profesionales. Asimismo lo

tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley.

(*)

Artículo 108°.- La ley aprobada según lo previsto por la Constitución, se envía al

Presidente de la República para su  promulgación dentro de un plazo de quince

días.  En caso de no promulgación por el Presidente de la República, la promulga

el Presidente del Congreso, o el de la Comisión Permanente, según corresponda.

Si el Presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o

una parte de la ley aprobada en el Congreso, las presenta a éste en el

mencionado término de quince días.

Reconsiderada la ley por el Congreso, su Presidente la promulga, con el voto de

más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.

Artículo 109°.- La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el

diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia

en todo o en parte.

CAPÍTULO IV

PODER EJECUTIVO

Artículo 110°.- El Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a

la Nación.

Para ser elegido Presidente de la República se requiere ser peruano por

nacimiento, tener más de treinta y cinco años de edad al momento de la

postulación y gozar del derecho de sufragio.

Artículo 111°.- El Presidente de la República se elige por sufragio directo. Es

elegido el candidato que obtiene más de la mitad de los votos. Los votos viciados

o en blanco no se computan.

(*)

Artículo modificado por Ley Nº 28390, publicada el 17 de noviembre de 2004. Antes de la reforma, este artículo

tuvo el siguiente texto:

“Artículo 107°.- El Presidente de la República y los Congresistas tienen derecho de iniciativa en la formación de las leyes.

También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes  del Estado, las instituciones

públicas autónomas, los municipios y los colegios profesionales. Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho

de iniciativa conforme a ley.”28

Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una

segunda elección, dentro de los treinta días siguientes a la proclamación de los

cómputos oficiales, entre los candidatos que han obtenido las  dos más altas

mayorías relativas.

Junto con el Presidente de la República son elegidos, de la misma manera, con

los mismos requisitos y por igual término, dos vicepresidentes.

Artículo 112°.- El mandato presidencial es de cinco años, no hay reelección

inmediata. Transcurrido otro período constitucional, como mínimo, el ex

presidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones.

(*)

Artículo 113°.- La Presidencia de la República vaca por:

1. Muerte del Presidente de la República.

2. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el  Congreso.

3. Aceptación de su renuncia por el Congreso.

4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él

dentro del plazo fijado. Y

5. Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones

mencionadas en el artículo 117º de la Constitución.

Artículo 114°.- El ejercicio de la Presidencia de la República se suspende por:

1. Incapacidad temporal del Presidente, declarada por el Congreso, o

2. Hallarse éste sometido a proceso judicial, conforme al artículo 117º de la

Constitución.

Artículo 115°.- Por  impedimento  temporal o  permanente  del  Presidente  de  la

República,  asume  sus  funciones  el  Primer  Vicepresidente.   En defecto de

éste, el Segundo Vicepresidente.  Por  impedimento  de  ambos,  el  Presidente

del  Congreso.  Si  el impedimento  es  permanente,  el  Presidente  del  Congreso

convoca  de  inmediato a elecciones.

Cuando  el  Presidente  de  la  República  sale  del  territorio  nacional,  el  Primer

Vicepresidente  se  encarga  del  despacho.  En  su  defecto,  lo  hace  el

Segundo Vicepresidente.

Artículo 116°.- El Presidente de la República presta juramento de ley y asume el

cargo, ante el Congreso, el 28 de julio del año en que se realiza la elección.

Artículo 117°.- El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su

período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales,

parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los

casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o

(*)

Artículo modificado por Ley Nº 27365, publicada el 5 de noviembre de 2000. Antes de la reforma, este artículo

tuvo el siguiente texto:

“Artículo 112°.- El  mandato  presidencial  es  de  cinco años.  El  Presidente  puede ser reelegido  de  inmediato  para  un

período  adicional. Transcurrido otro período constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a postular, sujeto

a las mismas condiciones.”29

funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del

sistema electoral.

Artículo 118°.- Corresponde al Presidente de la República:

1. Cumplir y hacer cumplir la  Constitución y los tratados, leyes y demás

disposiciones legales.

2. Representar al Estado, dentro y fuera de la República.

3. Dirigir la política general del Gobierno.

4. Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República.

5. Convocar a elecciones para Presidente de la República y para

representantes a Congreso, así como para alcaldes y regidores y demás

funcionarios que señala la ley.

6. Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria; y firmar, en ese caso, el

decreto de convocatoria.

7. Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente, en

forma personal y por escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria

anual. Los mensajes anuales contienen la exposición detallada de la

situación de la República y las mejoras y reformas que el Presidente juzgue

necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso.  Los

mensajes del Presidente de la República, salvo el primero de ellos, son

aprobados por el Consejo de Ministros.

8. Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni

desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones.

9. Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos

jurisdiccionales.

10.Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones.

11.Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; y celebrar y

ratificar tratados.

12.Nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, con aprobación del

Consejo de Ministros, con cargo de dar cuenta al Congreso.

13.Recibir a los agentes diplomáticos extranjeros, y autorizar a los cónsules el

ejercicio de sus funciones.

14.Presidir el Sistema de Defensa Nacional; y organizar, distribuir y disponer el

empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

15.Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la

integridad del territorio y de la soberanía del Estado.30

16.Declarar la guerra y firmar la paz, con autorización del Congreso.

17.Administrar la hacienda pública.

18.Negociar los empréstitos.

19.Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza

de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés

nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede

modificar o derogar los referidos decretos de urgencia.

20.Regular las tarifas arancelarias.

21.Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en

beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción

haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria.

22.Conferir condecoraciones en nombre de la Nación, con acuerdo del Consejo

de Ministros.

23.Autorizar a los peruanos para servir en un ejército extranjero.  Y

24.Ejercer las demás funciones de gobierno y administración que la

Constitución y las leyes le encomiendan.

CAPÍTULO V

DEL CONSEJO DE MINISTROS

Artículo 119°.- La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas

al Consejo de Ministros; y a cada ministro en los asuntos que competen a la

cartera a su cargo.

Artículo 120°.- Son nulos los actos del Presidente de la  República que carecen

de refrendación ministerial.

Artículo 121°.- Los ministros, reunidos, forman el Consejo de Ministros.  La ley

determina su organización y funciones.

El Consejo de Ministros tiene su Presidente.  Corresponde al Presidente de la

República presidir el Consejo de Ministros cuando lo convoca o cuando asiste a

sus sesiones.

Artículo 122°.- El Presidente de la República nombra y remueve al Presidente del

Consejo.  Nombra y remueve a los demás ministros, a propuesta y con acuerdo,

respectivamente, del Presidente del Consejo.

Artículo 123°.- Al Presidente del Consejo de Ministros, quien puede ser ministro

sin cartera, le corresponde:

1. Ser, después del Presidente de la República, el portavoz autorizado del

gobierno.31

2. Coordinar las funciones de los demás ministros.

3. Refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás

decretos y resoluciones que señalan la Constitución y la ley.

Artículo 124°.- Para ser ministro de Estado, se requiere ser peruano por

nacimiento, ciudadano en ejercicio y haber cumplido veinticinco años de edad.

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional pueden ser

ministros.

Artículo 125°.- Son atribuciones del Consejo de Ministros:

1. Aprobar los proyectos de ley que el Presidente de la República somete al

Congreso.

2. Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el

Presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y

resoluciones que dispone la ley.

3. Deliberar sobre asuntos de interés público.  Y

4. Las demás que le otorgan la Constitución y la ley.

Artículo 126°.- Todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere el voto

aprobatorio de la mayoría de sus miembros, y consta en acta.

Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa.

Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer

actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni

asociaciones privadas.

Artículo 127°.- No hay ministros interinos. El Presidente de la República puede

encomendar a un ministro que, con retención de su cartera, se encargue de otra

por impedimento del que la sirve, sin que este encargo pueda prolongarse por

más de treinta días ni trasmitirse a otros ministros.

Artículo 128°.- Los ministros son individualmente responsables por sus propios

actos y por los actos presidenciales que refrendan.

Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o

violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la

República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que

renuncien inmediatamente.

Artículo 129°.- El Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado

pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates con las

mismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo la de votar si no son

congresistas.32

Concurren también cuando son invitados para informar.  El Presidente del

Consejo o uno, por lo menos, de los ministros concurre periódicamente a las

sesiones plenarias del Congreso para la estación de preguntas.

CAPÍTULO VI

DE LAS  RELACIONES CON EL PODER LEGISLATIVO

Artículo 130°.- Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el

Presidente del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás

ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales

medidas  que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza.

Si el Congreso no está reunido, el Presidente de la República convoca a

legislatura extraordinaria.

Artículo 131°.- Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros, o de

cualquiera de los ministros, cuando el Congreso los llama para interpelarlos.

La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos del

quince por ciento del número legal de congresistas. Para su admisión, se requiere

el voto del tercio del número de representantes hábiles; la votación se efectúa

indefectiblemente en la siguiente sesión.

El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación.

Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni

después del décimo.

Artículo 132°.- El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo

de Ministros, o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o el

rechazo de la cuestión de confianza. Esta última sólo se plantea por iniciativa

ministerial.

Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros, o contra cualquiera de

los ministros, debe ser presentada por no menos del veinticinco por ciento del

número legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y el décimo día

natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la

mitad del número legal de miembros del Congreso.

El Consejo de Ministros, o el ministro censurado, debe renunciar.

El Presidente de la República acepta la dimisión dentro de las setenta y dos horas

siguientes.

La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo

que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación.

Artículo 133°.- El  Presidente  del  Consejo  de  Ministros  puede  plantear  ante

el  Congreso una  cuestión  de  confianza  a  nombre  del  Consejo.  Si  la

confianza  le  es  rehusada,  o  si es  censurado,  o  si  renuncia  o  es  removido

por  el  Presidente  de  la  República,  se produce  la  crisis  total  del  gabinete.33

Artículo 134°.- El  Presidente  de  la  República  está  facultado  para  disolver  el

Congreso  si éste  ha  censurado  o  negado  su  confianza  a  dos  Consejos  de

Ministros.

El  decreto  de  disolución  contiene  la  convocatoria  a  elecciones  para  un

nuevo  Congreso.  Dichas  elecciones  se  realizan  dentro  de  los  cuatro  meses

de  la  fecha  de disolución,  sin  que  pueda  alterarse  el  sistema  electoral

preexistente.

No  puede  disolverse  el  Congreso  en  el  último  año  de  su  mandato.  Disuelto

el Congreso,  se  mantiene  en  funciones  la  Comisión  Permanente,  la  cual  no

puede  ser disuelta.

No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario.

Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto.

Artículo 135°.- Reunido  el  nuevo  Congreso,  puede  censurar  al  Consejo  de

Ministros,  o negarle  la  cuestión  de  confianza,  después  de  que  el  Presidente

del  Consejo  haya expuesto  ante  el  Congreso  los  actos  del  Poder  Ejecutivo

durante  el  interregno parlamentario.

En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de

los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al

Congreso, una vez que éste se instale.

Artículo 136°.- Si  las  elecciones  no  se  efectúan   dentro  del  plazo  señalado,

el  Congreso disuelto  se  reúne  de  pleno  derecho,  recobra  sus facultades, y

destituye al Consejo  de Ministros. Ninguno de los miembros de éste puede ser

nombrado nuevamente ministro durante el resto del período presidencial.

El Congreso extraordinariamente así elegido sustituye al anterior, incluida la

Comisión Permanente, y completa el período constitucional del Congreso disuelto.

CAPÍTULO VII

RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN

Artículo 137°.- El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de

Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o

en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los

estados de excepción que en este artículo se contemplan:

1. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden

interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la

Nación.  En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el

ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la

seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión

y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del

artículo 2° y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo.  En ninguna

circunstancia se puede desterrar a nadie.  34

El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. Su prórroga

requiere nuevo decreto.  En estado de emergencia las Fuerzas Armadas

asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la

República.

2.  Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro

inminente de que se produzcan, con mención de los  derechos

fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende. El plazo

correspondiente no excede de cuarenta y cinco días. Al decretarse el

estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho.  La prórroga

requiere aprobación del Congreso.

CAPÍTULO  VIII

PODER JUDICIAL

Artículo 138°.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce

por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la

Constitución y a las leyes.

En todo  proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una

norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal

sobre toda otra norma de rango inferior.

Artículo 139°.- Son principios y derechos  de la función jurisdiccional:

1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.

No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con

excepción de la militar y la arbitral.

No hay proceso judicial por comisión o delegación.

2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna

autoridad puede avocarse a causas pendientes ante  el órgano

jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones.  Tampoco puede

dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa

juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni

retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia

ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin

embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto

jurisdiccional alguno.

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por

la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente

establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por

comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.

4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley.35

Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por

los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a

derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre

públicos.

5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias,

excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley

aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.

6. La pluralidad de la instancia.

7. La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores

judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin

perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.

8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la

ley.

En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el

derecho consuetudinario.

9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas

que restrinjan derechos.

10. El principio de no ser penado sin proceso judicial.

11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de

conflicto entre leyes penales.

12. El principio de no ser condenado en ausencia.

13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La

amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen

los efectos de cosa juzgada.

14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del

proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la

causa o las razones de su detención.  Tiene derecho a comunicarse

personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste

desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.

15. El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por

escrito, de las causas o razones de su detención.

16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa

gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos

que la ley señala.

17. La participación popular en el nombramiento y en la revocación de

magistrados, conforme a ley.36

18. La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los

procesos le sea requerida.

19. La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en

la forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales

no pueden darle posesión del cargo, bajo responsabilidad.

20. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de

las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley.

21. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos

adecuados.

22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación,

rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.

Artículo 140°.- La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a

la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los

tratados de los que el Perú es parte obligada.

Artículo 141°.- Corresponde a la Corte Suprema fallar en  casación, o en última

instancia, cuando la acción se inicia en una Corte Superior o ante la propia Corte

Suprema conforme a ley. Asimismo, conoce en casación las resoluciones del

Fuero Militar, con las limitaciones que establece el artículo 173º.

Artículo 142°.- No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado

Nacional de Elecciones en materia electoral, ni las del Consejo Nacional de la

Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces.

Artículo 143°.- El Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que

administran justicia en nombre de la Nación, y por órganos que ejercen su

gobierno y administración.

Los órganos jurisdiccionales son: la Corte Suprema de Justicia y las demás cortes

y juzgados que determine su ley orgánica.

Artículo 144°.-   El Presidente de la Corte Suprema lo es también del Poder

Judicial. La Sala Plena de la Corte Suprema es el órgano máximo de deliberación

del Poder Judicial.

Artículo 145°.- El Poder Judicial presenta su proyecto de presupuesto al Poder

Ejecutivo y lo sustenta ante el Congreso.

Artículo 146°.- La función jurisdiccional es incompatible con cualquiera otra

actividad pública o privada, con excepción de la docencia universitaria fuera del

horario de trabajo.

Los jueces sólo perciben las remuneraciones que les asigna el Presupuesto y las

provenientes de la enseñanza o de otras tareas expresamente previstas por la

ley.

El Estado garantiza a los magistrados judiciales:37

1. Su independencia. Sólo están sometidos a la Constitución y la ley.

2. La inamovilidad en sus cargos. No pueden ser trasladados sin su

consentimiento.

3. Su permanencia en el servicio, mientras observen conducta e idoneidad

propias de su función. Y

4. Una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de su misión y

jerarquía.

Artículo 147°.- Para ser Magistrado de la Corte Suprema  se requiere:

1. Ser peruano de nacimiento.

2. Ser ciudadano en ejercicio.

3. Ser mayor de cuarenta y cinco años.

4. Haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante diez

años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia

jurídica durante quince años.

Artículo 148°.- Las resoluciones administrativas que causan estado son

susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa.

Artículo 149°.- Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con

el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones

jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho

consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la

persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción

especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.

CAPÍTULO IX

DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

Artículo 150°.- El Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de la selección

y el nombramiento de los jueces y fiscales, salvo cuando éstos provengan de

elección popular.

El Consejo Nacional de la Magistratura es independiente y se rige por su Ley

Orgánica,

Artículo 151°.- La Academia de la Magistratura, que forma parte del Poder

Judicial, se encarga de la formación y capacitación de jueces y fiscales en todos

sus niveles, para los efectos de su selección.

Es requisito para el ascenso la aprobación de los estudios especiales que

requiera dicha Academia.38

Artículo 152°.- Los Jueces de Paz provienen de elección popular.

Dicha elección, sus requisitos, el desempeño jurisdiccional, la capacitación y la

duración en sus cargos son normados por ley.

La ley puede establecer la elección de los jueces de primera instancia y

determinar los mecanismos pertinentes.

Artículo 153°.- Los jueces y fiscales están prohibidos de participar en política, de

sindicarse y de declararse en huelga.

Artículo 154°.- Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura:

1. Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los

jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el

voto conforme de los dos tercios del número legal de sus miembros.

2. Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Los no

ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. El

proceso de ratificación es independiente de las medidas disciplinarias.

3. Aplicar la sanción de destitución a los vocales de la Corte Suprema  y

Fiscales Supremos y, a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de

Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las

instancias. La resolución final, motivada y con previa audiencia del

interesado, es inimpugnable.

4. Extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acredita.

Artículo 155°.- Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, conforme

a la ley de la materia:

1. Uno elegido por la Corte Suprema, en votación secreta en Sala Plena.

2. Uno elegido, en votación secreta, por la Junta de Fiscales Supremos.

3. Uno elegido por los miembros de los  Colegios de Abogados del país, en

votación secreta.

4. Dos elegidos, en votación secreta, por los miembros de los demás Colegios

Profesionales del país, conforme a ley.

5. Uno elegido en votación secreta, por los rectores de las universidades

nacionales.

6. Uno elegido, en votación secreta, por los rectores de las universidades

particulares.

El número de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura puede ser

ampliado por éste a nueve, con dos miembros adicionales elegidos en votación 39

secreta por el mismo Consejo, entre sendas listas propuestas por las instituciones

representativas del sector laboral y del empresarial.

Los miembros titulares del Consejo Nacional de la Magistratura son elegidos,

conjuntamente con los suplentes, por un período de cinco años.

Artículo 156°.- Para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura se

requieren los mismos requisitos que para ser Vocal de la Corte Suprema, salvo lo

previsto en el  inciso 4 del  artículo 147º. El miembro del Consejo Nacional de la

Magistratura goza de los mismos beneficios y derechos y está sujeto a las

mismas obligaciones e incompatibilidades.

Artículo 157°.- Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser

removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto

conforme de los dos tercios del número legal de miembros.

CAPÍTULO X

DEL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 158°.- El Ministerio Público es autónomo. El Fiscal de la Nación lo

preside.  Es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El cargo de Fiscal de la

Nación dura tres años, y es  prorrogable, por reelección, sólo por otros dos. Los

miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas  y

están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría

respectiva. Les afectan las mismas incompatibilidades.  Su nombramiento está

sujeto a requisitos y procedimientos idénticos a los de los miembros del Poder

Judicial en su respectiva categoría.

Artículo 159°.- Corresponde al Ministerio Público:

1. Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la

legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.

2. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta

administración de justicia.

3. Representar en los procesos judiciales a la sociedad.

4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la

Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público

en el ámbito de su función.

5. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.

6. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley

contempla.

7. Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al

Presidente de la República, de los vacíos o defectos de la legislación.40

Artículo 160°.- El proyecto de  presupuesto del Ministerio Público se aprueba por

la Junta de Fiscales Supremos. Se presenta ante el Poder Ejecutivo y se sustenta

en esa instancia y en el Congreso.

CAPÍTULO XI

DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Artículo 161°.- La Defensoría del Pueblo es autónoma.  Los órganos públicos

están obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere.

Su estructura, en el ámbito nacional, se establece por ley orgánica.

El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los

dos tercios de su número legal. Goza de la misma inmunidad y de las mismas

prerrogativas de los congresistas.

Para ser elegido Defensor del Pueblo se requiere haber cumplido treinta y cinco

años de edad y ser abogado.

El cargo dura cinco años y no está sujeto a mandato imperativo. Tiene las mismas

incompatibilidades que los vocales supremos.

Artículo 162°.- Corresponde a la Defensoría del  Pueblo defender los derechos

constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el

cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los

servicios públicos a la ciudadanía. El Defensor del Pueblo presenta informe al

Congreso una vez al año, y cada vez que éste lo solicita. Tiene iniciativa en la

formación de las leyes. Puede proponer las medidas que faciliten el mejor

cumplimiento de sus funciones.

El proyecto de presupuesto  de la Defensoría del Pueblo es presentado ante el

Poder Ejecutivo y sustentado por su titular en esa instancia y en el Congreso.

CAPÍTULO XII

DE LA SEGURIDAD Y DE LA DEFENSA NACIONAL

Artículo 163°.- El Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema

de Defensa Nacional.

La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos

interno y externo. Toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la

Defensa Nacional, de conformidad con la ley.

Artículo 164°.- La dirección, la preparación y el ejercicio de la Defensa Nacional

se realizan a través de un sistema cuya organización y cuyas funciones determina

la ley.  El Presidente de la República dirige el Sistema de Defensa Nacional.

La ley determina los alcances y procedimientos de la movilización para los efectos

de la defensa nacional.41

Artículo 165°.- Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina

de Guerra y la Fuerza Aérea.  Tienen como finalidad primordial garantizar la

independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República.  Asumen el

control del orden interno de conformidad con el artículo 137º de la Constitución.

Artículo 166°.- La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar,

mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas

y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del

patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia.

Vigila y controla las fronteras.

Artículo 167°.-  El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas

Armadas y de la Policía Nacional.

Artículo 168°.- Las leyes y los reglamentos respectivos determinan la

organización, las funciones, las especialidades, la preparación y el empleo; y

norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Las Fuerzas Armadas organizan sus reservas y disponen de ellas según las

necesidades de la Defensa Nacional, de acuerdo a ley.

Artículo 169°.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes.

Están subordinadas al poder constitucional.

Artículo 170°.- La ley asigna los fondos destinados a satisfacer los

requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.  Tales

fondos deben ser dedicados exclusivamente a fines institucionales, bajo el control

de la autoridad señalada por la ley.

Artículo 171°.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el

desarrollo económico y social del país, y en la defensa civil de acuerdo a ley.

Artículo 172°.- El número de efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía

Nacional se fija anualmente por el Poder Ejecutivo. Los recursos correspondientes

son aprobados en la Ley de Presupuesto.

Los  ascensos  se  confieren  de  conformidad  con  la  ley.   El  Presidente  de  la

República  otorga  los  ascensos  de  los  generales  y  almirantes  de  las

Fuerzas  Armadas  y  de  los  generales  de  la  Policía  Nacional,  según

propuesta  del  instituto  correspondiente.

Artículo 173°.-  En  caso  de  delito  de  función,  los  miembros  de  las  Fuerzas

Armadas  y de  la  Policía  Nacional  están  sometidos  al  fuero  respectivo  y  al

Código  de  Justicia Militar.   Las  disposiciones  de  éste  no  son  aplicables  a

los  civiles,  salvo  en  el  caso  de los  delitos  de  traición  a   la  patria  y  de

terrorismo  que  la  ley  determina.   La  casación  a  que  se  refiere  el  artículo

141º  sólo  es  aplicable  cuando  se  imponga  la  pena  de  muerte.

Quienes infringen las normas del Servicio Militar Obligatorio están asimismo

sometidos al Código de Justicia Militar.42

Artículo 174°.- Los grados y honores, las remuneraciones y las pensiones

inherentes a la jerarquía de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía

Nacional son equivalentes. La ley establece las equivalencias correspondientes al

personal militar o policial de carrera que no tiene grado o jerarquía de oficial.

En ambos casos, los derechos indicados sólo pueden retirarse a sus titulares por

sentencia judicial.

Artículo 175°.- Sólo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden poseer y

usar armas de guerra.

Todas las que existen, así como las que se fabriquen o se introduzcan en el país

pasan a ser propiedad del Estado sin proceso ni indemnización.

Se exceptúa la fabricación de armas de guerra por la industria privada en los

casos que la ley señale.

La ley reglamenta la fabricación, el comercio, la posesión y el uso, por los

particulares, de armas distintas de las de guerra.

CAPÍTULO XIII

DEL SISTEMA ELECTORAL

Artículo 176°.-    El sistema electoral tiene por  finalidad asegurar que las

votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los

ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del

elector expresada en las urnas por votación directa.

Tiene por funciones básicas el planeamiento, la organización y la ejecución de los

procesos electorales o de referéndum u otras consultas populares; el

mantenimiento y la custodia de un registro único de identificación de las personas;

y el registro de los actos que modifican el estado civil.

Artículo 177°.- El sistema electoral está conformado por el Jurado Nacional de

Elecciones; la Oficina Nacional de Procesos Electorales; y el Registro Nacional de

Identificación y Estado Civil.  Actúan con autonomía y mantienen entre sí

relaciones de coordinación, de acuerdo con sus atribuciones.

Artículo 178°.-  Compete al Jurado Nacional de Elecciones:

1. Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los

procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares, así

como también la elaboración de los padrones electorales.

2. Mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas.

3. Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y

demás disposiciones referidas a materia electoral.

4. Administrar justicia en materia electoral.43

5. Proclamar a los candidatos elegidos; el resultado del referéndum o el de

otros tipos de consulta popular y expedir las credenciales correspondientes.

6. Las demás que la ley señala.

En materia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones tiene iniciativa en la

formación de las leyes.

Presenta al Poder Ejecutivo el proyecto de Presupuesto del Sistema Electoral que

incluye por separado las partidas propuestas por cada entidad del sistema. Lo

sustenta en esa instancia y ante el Congreso.

Artículo 179°.- La máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un

Pleno compuesto por cinco miembros:

1. Uno elegido en votación secreta por la Corte Suprema entre sus

magistrados jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede

licencia al elegido. El representante de la Corte Suprema preside el Jurado

Nacional de Elecciones.

2. Uno elegido en votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos, entre

los Fiscales Supremos jubilados o en actividad. En este segundo caso, se

concede licencia al elegido.

3. Uno elegido en votación secreta por el Colegio de Abogados de Lima, entre

sus miembros.

4. Uno elegido en votación secreta por los decanos de las Facultades de

Derecho de las universidades públicas, entre sus ex decanos.

5. Uno elegido en votación secreta por los decanos de las Facultades de

Derecho de las universidades privadas, entre sus ex decanos.

Artículo 180°.-  Los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no

pueden ser menores de cuarenta y cinco años ni mayores de setenta. Son

elegidos por un período de cuatro años.  Pueden ser reelegidos. La ley establece

la forma de renovación alternada cada dos años.

El cargo es remunerado y de tiempo completo. Es incompatible con cualquiera

otra función pública, excepto la docencia a tiempo parcial.

No pueden ser miembros del Pleno del Jurado los candidatos a cargos de

elección popular, ni los ciudadanos que desempeñan cargos directivos con

carácter nacional en las organizaciones políticas, o que los han desempeñado en

los cuatro años anteriores a su postulación.

Artículo 181°.- El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos

con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales

de derecho. En  materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas

populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son

revisables. Contra ellas no procede recurso alguno.44

Artículo 182°.-    El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es

nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un período renovable de

cuatro años. Puede ser removido por el propio Consejo por falta grave. Está

afecto a las mismas incompatibilidades previstas para los integrantes del Pleno

del Jurado Nacional de Elecciones.

Le corresponde organizar todos los procesos electorales, de referéndum y los de

otros tipos de consulta popular, incluido su presupuesto, así como la elaboración y

el diseño de la cédula de sufragio. Le corresponde asimismo la entrega de actas y

demás material necesario para los escrutinios y la difusión de sus resultados.

Brinda información permanente sobre el cómputo desde el inicio del escrutinio en

las mesas de sufragio.  Ejerce las demás funciones que la ley le señala.

Artículo 183°.- El Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es

nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un período renovable de

cuatro años. Puede ser removido por dicho Consejo por falta grave. Está afecto a

las mismas incompatibilidades previstas para los integrantes del Pleno del Jurado

Nacional de Elecciones.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tiene a su cargo la inscripción

de los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, y otros actos que

modifican el estado civil. Emite las constancias correspondientes. Prepara y

mantiene actualizado el padrón electoral. Proporciona al Jurado Nacional de

Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la información

necesaria para el cumplimiento de sus funciones.    Mantiene el registro de

identificación de los ciudadanos y  emite los documentos que acreditan su

identidad.

Ejerce las demás funciones que la ley señala.

Artículo 184°.-    El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un

proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular cuando los

votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del

número de votos emitidos.

La ley puede establecer proporciones distintas para las elecciones municipales.

Artículo 185°.- El escrutinio de los votos en toda clase de elecciones, de

referéndum o de otro tipo de consulta popular se realiza en acto público e

ininterrumpido sobre la mesa de sufragio. Sólo es revisable en los casos de error

material o de impugnación, los cuales se resuelven conforme a ley.

Artículo 186°.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales dicta las

instrucciones y disposiciones necesarias para el mantenimiento del orden y la

protección de la libertad personal durante los comicios. Estas disposiciones son

de cumplimiento obligatorio para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Artículo 187°.- En las elecciones pluripersonales hay representación

proporcional, conforme al sistema que establece la ley.

La ley contiene disposiciones especiales para  facilitar el voto de los peruanos

residentes en el extranjero.45

CAPÍTULO XIV

(*)

DE  LA  DESCENTRALIZACIÓN

Artículo 188°.- La descentralización es una forma de organización democrática  y

constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio,  que tiene

como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. El  proceso de

descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme

a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y

transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y

locales.

Los Poderes del Estado y los Organismos Autónomos así como el Presupuesto

de la República se descentralizan de acuerdo a ley.

Artículo 189°.- El territorio de la República está integrado por regiones,

departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y

organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos que

establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e integridad del Estado y

de la Nación.

El ámbito del nivel regional de gobierno son las regiones y departamentos. El

ámbito del nivel local de gobierno son  las provincias, distritos y los centros

poblados.

Artículo 190°.- Las regiones se crean sobre la base de áreas contiguas

integradas histórica, cultural, administrativa y económicamente, conformando

unidades geoeconómicas sostenibles.

El proceso de regionalización se inicia eligiendo gobiernos en los actuales

departamentos y la provincia constitucional del Callao. Estos gobiernos son

gobiernos regionales.

Mediante referéndum podrán integrarse dos o más circunscripciones

departamentales contiguas para constituir una región, conforme a ley. Igual

procedimiento siguen las provincias y distritos contiguos para cambiar  de

circunscripción regional.

La ley determina las competencias y facultades adicionales, así como incentivos

especiales, de las regiones así integradas.

Mientras dure el proceso de integración, dos o más gobiernos regionales podrán

crear mecanismos de coordinación entre sí. La ley determinará esos mecanismos.

Artículo 191°.- Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y

administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las

municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones.

La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo

Regional como órgano normativo y fiscalizador, el Presidente como órgano

ejecutivo, y el Consejo de Coordinación Regional integrado por los alcaldes

provinciales y por representantes de la sociedad civil, como órgano consultivo y 46

de coordinación con las municipalidades, con las funciones y atribuciones que les

señala la ley.

El Consejo Regional tendrá un mínimo de siete (7) miembros y un máximo de

veinticinco (25), debiendo haber un mínimo de uno (1) por provincia y el resto, de

acuerdo a ley, siguiendo un criterio de población electoral.

El Presidente es elegido conjuntamente con un vicepresidente, por sufragio

directo por un periodo de cuatro (4) años, y puede ser reelegido.  Los miembros

del Consejo Regional son elegidos en la misma forma y por igual periodo. El

mandato de dichas autoridades es revocable, conforme a ley, e irrenunciable, con

excepción de los casos previstos en la Constitución.

Para postular a Presidente de la República, Vicepresidente, miembro del

Parlamento Nacional o Alcalde; los Presidentes de los Gobiernos Regionales

deben renunciar al cargo seis (6) meses antes de la elección respectiva.

La ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de

género, comunidades campesinas y nativas, y pueblos originarios en los Consejos

Regionales. Igual tratamiento se aplica para los Concejos Municipales.

(*)

Artículo 192°.- Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía

regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su

responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales  de

desarrollo.

Son competentes para:

1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.

2. Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las

municipalidades y la sociedad civil.

3. Administrar sus bienes y rentas.

4. Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los

servicios de su responsabilidad.

5. Promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los

planes y programas correspondientes.

(*)

Artículo modificado por Ley Nº 28607, publicada el 4 de octubre de 2005.  Antes de la reforma, este artículo tuvo

el siguiente texto:

“Artículo 191°.- Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su

competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones.

La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo Regional como órgano normativo y fiscalizador,

el Presidente como órgano ejecutivo, y el Consejo de Coordinación Regional integrado por los alcaldes provinciales y por

representantes de la sociedad civil, como órgano consultivo y de coordinación con las municipalidades, con las funciones y

atribuciones que les señala la ley.

El Consejo Regional tendrá un mínimo de siete (7) miembros y un máximo de veinticinco (25), debiendo haber un mínimo

de uno (1) por provincia y el resto, de acuerdo a ley, siguiendo un criterio de población electoral.

El Presidente es elegido conjuntamente con un vicepresidente, por sufragio directo por un periodo de cuatro (4) años, y

puede ser reelegido.  Los miembros del Consejo Regional son elegidos en la misma forma y por igual periodo. El mandato

de dichas autoridades es revocable e irrenunciable, conforme a ley.

La ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades nativas y pueblos

originarios en los Consejos Regionales. Igual tratamiento se aplica para los Concejos Municipales.”47

6. Dictar las normas inherentes a la gestión regional.

7. Promover y regular actividades y/o servicios en materia de

agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo,

energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud  y

medio ambiente, conforme a ley.

8. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para

la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e

impacto regional.

9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su

competencia.

10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función,  conforme a

ley.

Artículo 193°.- Son bienes y rentas de los gobiernos regionales:

1. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.

2. Las transferencias específicas que les asigne la Ley Anual de

Presupuesto.

3. Los tributos creados por ley a su favor.

4. Los derechos económicos que generen por las privatizaciones,

concesiones y servicios que otorguen, conforme a ley.

5. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Regional, que

tiene carácter redistributivo,  conforme a ley.

6. Los recursos asignados por concepto de canon.

7. Los recursos provenientes de sus operaciones financieras,

incluyendo aquellas que realicen con  el aval del Estado, conforme a

ley.

8. Los demás que determine la ley.

Artículo 194°.- Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de

gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los

asuntos de su competencia. Las municipalidades de los centros poblados son

creadas conforme a ley.

La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como

órgano normativo y fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con  las

funciones y atribuciones que les señala la ley.

Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de

cuatro (4) años. Pueden ser reelegidos. Su mandato es revocable, conforme a ley,

e irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución.48

Para postular a Presidente de la República, Vicepresidente, miembro del

Parlamento Nacional o Presidente del Gobierno Regional; los Alcaldes deben

renunciar al cargo seis (6) meses antes de la elección respectiva.

(*)

Artículo 195°.- Los gobiernos locales  promueven el desarrollo y la economía

local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad,  en armonía

con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.

Son competentes  para:

1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.

2. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil.

3. Administrar sus bienes y rentas.

4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y

derechos municipales, conforme a ley.

5. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales

de su responsabilidad.

6. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones,

incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento

territorial.

7. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para

la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local.

8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de

educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente,

sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo,

circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos

arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a

ley.

9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su

competencia.

10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a

ley.

(*)

Artículo modificado por Ley Nº 28607, publicada el 4 de octubre de 2005.  Antes de la reforma, este artículo tuvo

el siguiente texto:

“Artículo 194°.- Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política,

económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades de los centros poblados son creadas

conforme a ley.

La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador y la

Alcaldía como órgano ejecutivo, con  las funciones y atribuciones que les señala la ley.

Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cuatro (4) años. Pueden ser reelegidos. Su

mandato es revocable e irrenunciable, conforme a ley.”49

Artículo 196°.- Son bienes y rentas de las municipalidades:

1. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.

2. Los tributos creados por ley a su favor.

3. Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos  creados

por Ordenanzas Municipales, conforme a ley.

4. Los derechos económicos que generen por las privatizaciones,

concesiones y servicios que otorguen, conforme a ley.

5. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal, que

tiene carácter redistributivo, conforme a ley.

6. Las transferencias específicas que les asigne la Ley Anual de

Presupuesto.

7. Los recursos asignados por concepto de canon.

8. Los recursos provenientes de sus operaciones financieras,

incluyendo aquellas que requieran el aval del Estado, conforme a

ley.

9. Los demás que determine la ley.

Artículo 197°.- Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la

participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo brindan servicios de

seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú,

conforme a ley.

Artículo 198°.-   La Capital de la República no integra ninguna región. Tiene

régimen especial en las leyes de descentralización y en la Ley Orgánica de

Municipalidades. La Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce sus

competencias dentro del ámbito de la provincia de Lima.

Las municipalidades de frontera tienen, asimismo, régimen especial en la Ley

Orgánica de Municipalidades.

Artículo 199°.-    Los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus

propios órganos de fiscalización y por los organismos que tengan tal atribución

por mandato constitucional o legal, y están sujetos al control y supervisión de la

Contraloría General de la República, la que organiza un sistema de control

descentralizado y permanente. Los mencionados gobiernos formulan sus

presupuestos con la participación de la población y rinden cuenta de su ejecución,

anualmente, bajo responsabilidad, conforme a ley.

(*)

(*)

Capítulo modificado por Ley Nº 27680, publicada el 7 de marzo de 2002.  Antes de la reforma, este Capítulo tuvo

el siguiente texto:

“CAPÍTULO  XIV

DE LA DESCENTRALIZACIÓN, LAS REGIONES Y LAS MUNICIPALIDADES

Artículo 188°.  La descentralización es un proceso permanente que tiene como objetivo el desarrollo integral del país.

Artículo 189°. El territorio de la República se divide en regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas

circunscripciones se ejerce el gobierno unitario de manera descentralizada y desconcentrada.50

Artículo 190°. Las Regiones se constituyen por iniciativa y mandato de las poblaciones pertenecientes a uno o más

departamentos colindantes. Las provincias y los distritos contiguos pueden asimismo integrarse o cambiar de

circunscripción.

En ambos casos procede el referéndum, conforme a ley.

Artículo 191°. Las municipalidades provinciales y distritales, y las delegadas conforme a ley, son los órganos de gobierno

local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Corresponden al Concejo las funciones normativas y fiscalizadoras; y a la alcaldía, las funciones ejecutivas.

Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cinco años. Pueden ser reelegidos. Su

mandato es revocable pero irrenunciable. Gozan de las prerrogativas que señala la Ley.

Artículo 192°.  Las municipalidades tienen competencia para:

1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.

2. Administrar sus bienes y rentas.

3. Crear,  modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales.

4. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad.

5. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, y ejecutar los planes y programas

correspondientes.

6. Participar en la gestión de las actividades y servicios inherentes al Estado, conforme a ley. Y

7. Lo demás que determine la Ley.

Artículo 193°. Son bienes y rentas de las municipalidades:

1. Los bienes e ingresos propios.

2. Los impuestos creados por ley a su favor.

3. Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos de su competencia, creados por su Concejo.

4. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal que se crea por ley según los tributos municipales.

5. Las transferencias presupuestales del Gobierno Central.

6. Los recursos que les correspondan por concepto de canon.

7. Los demás recursos que determine la ley.

Artículo 194°. Las municipalidades pueden asociarse o concertar entre ellas convenios cooperativos para la ejecución de

obras y la prestación de servicios comunes.

Artículo 195°. La ley regula la cooperación de la Policía Nacional con las municipalidades en materia de seguridad

ciudadana.

Artículo 196°. La capital de la República, las capitales de provincias con rango metropolitano y las capitales de

departamento de ubicación fronteriza tienen régimen especial en la Ley Orgánica de Municipalidades.

El mismo tratamiento rige para la Provincia Constitucional del Callao y las provincias de frontera.

Artículo 197°. Las Regiones tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Les corresponden, dentro de su jurisdicción, la coordinación y ejecución de los planes y programas socio-económicos

regionales, así como la gestión de actividades y servicios inherentes al Estado, conforme a ley. Sus bienes y rentas propias

se establecen en la ley.

Las Regiones apoyan a los gobiernos locales. No los sustituyen ni duplican su acción ni su competencia.

Artículo 198°. La estructura organizada de las Regiones y sus funciones específicas se establecen por ley orgánica.

Son las máximas autoridades de la Región el Presidente y el Consejo de Coordinación Regional.

El Presidente de la Región es elegido por sufragio directo por un período de cinco años. Puede ser reelegido. Su mandato

es revocable, pero irrenunciable. Goza de las prerrogativas que le señala la ley.

El Consejo de Coordinación Regional está integrado por el número de miembros que señala la ley. Los  alcaldes

provinciales o sus representantes son, de pleno derecho, miembros de dicho Consejo.

Artículo 199°. Las Regiones y las municipalidades rinden cuenta de la ejecución de su presupuesto a la Contraloría

General de la República. Son fiscalizadas de acuerdo a Ley.”51

TÍTULO V

DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Artículo 200°.-  Son garantías constitucionales:

1. La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por

parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza

la libertad individual o los derechos constitucionales conexos.

2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de

cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los

demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los

señalados en el inciso siguiente. No procede contra normas legales ni

contra Resoluciones Judiciales emanadas de procedimiento regular.

(*)

3. La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, por

parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza

los derechos a que se refiere el Artículo 2º, incisos 5) y 6) de la

Constitución.

(*)

4. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que

tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia,

tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general

y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o

en el fondo.

5. La Acción Popular, que procede, por infracción de la Constitución y de la

ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y

decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen.

6. La Acción de Cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o

funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin

perjuicio de las responsabilidades de ley.

Una ley orgánica regula el ejercicio de estas garantías y los efectos de la

declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas.

El ejercicio de las acciones de hábeas corpus y de amparo no se suspende

durante la vigencia de los regímenes de excepción a que se refiere el artículo

137º de la Constitución.

Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos

restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la

razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. No corresponde al juez

cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de sitio.

(*)

Inciso modificado por Ley Nº 26470, publicada el 12 de Junio de 1995. Antes de la reforma, este inciso tuvo el

siguiente texto:

“2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona,

que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución. No procede contra normas legales ni contra

resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular.”

(*)

Inciso modificado por Ley Nº 26470, publicada el 12 de Junio de 1995. Antes de la reforma, este inciso tuvo el

siguiente texto:

“3. La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o

persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2°, incisos 5,6 y 7 de la Constitución.”52

Artículo 201°.- El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la

Constitución. Es autónomo e independiente.  Se compone de siete miembros

elegidos por cinco años.

Para  ser miembro del Tribunal Constitucional, se exigen los mismos requisitos

que para ser vocal de la Corte Suprema. Los miembros del Tribunal

Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que

los congresistas. Les alcanzan las mismas incompatibilidades. No hay reelección

inmediata.

Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la

República con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus

miembros. No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los

jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación.

Artículo 202°.- Corresponde al Tribunal Constitucional:

1. Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad.

2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de

hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento.

3. Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la

Constitución, conforme a ley.

Artículo 203°.- Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad:

1. El Presidente de la República.

2. El Fiscal de la Nación.

3. El Defensor del Pueblo.

4. El veinticinco por ciento del número legal de congresistas.

5. Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de

Elecciones. Si la norma es una ordenanza municipal, está facultado para

impugnarla el uno por ciento de los ciudadanos del respectivo ámbito

territorial, siempre que este porcentaje no exceda del número de firmas

anteriormente señalado.

6. Los presidentes de Región  con acuerdo del Consejo de Coordinación

Regional, o los alcaldes provinciales con acuerdo de su Concejo, en

materias de su competencia.

7. Los colegios profesionales, en materias de su especialidad.

Artículo 204°.- La sentencia del Tribunal que declara la  inconstitucionalidad de

una norma se publica en el diario oficial.  Al día siguiente de la publicación, dicha

norma queda sin efecto.53

No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara inconstitucional,

en todo o en parte, una norma legal.

Artículo 205°.- Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en

los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u

organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el

Perú es parte.

TÍTULO VI

DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 206°.- Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso

con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante

referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se

obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en

cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas.

La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la

República.

La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Presidente de la República,

con aprobación del Consejo de Ministros; a los congresistas; y a un número de

ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) de la población

electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral.

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Primera.- Declárase cerrado definitivamente el régimen pensionario del Decreto

Ley N° 20530. En consecuencia a partir de la entrada en vigencia de esta

Reforma Constitucional:

1. No están permitidas las nuevas incorporaciones o reincorporaciones al

régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530.

2. Los trabajadores que, perteneciendo a dicho régimen, no hayan cumplido con

los requisitos para obtener la pensión correspondiente, deberán optar entre el

Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Administradoras de

Fondos de Pensiones.

Por razones de interés social, las nuevas reglas pensionarias establecidas por ley

se aplicarán inmediatamente a los trabajadores y pensionistas de los regímenes

pensionarios a cargo del Estado, según corresponda. No se podrá prever en ellas

la nivelación de las pensiones con las remuneraciones, ni la reducción del importe

de las pensiones que sean inferiores a una Unidad Impositiva Tributaria.

La ley dispondrá la aplicación progresiva de topes a las pensiones que excedan

de una Unidad Impositiva Tributaria.

El ahorro presupuestal que provenga de la aplicación de nuevas reglas

pensionarias será destinado a incrementar las pensiones mas bajas, conforme a

ley.54

Las modificaciones que se introduzcan en los regímenes pensionarios actuales,

así como los nuevos regímenes pensionarios que se establezcan en el futuro,

deberán regirse por los criterios de sostenibilidad financiera y no nivelación.

Autorízase a la entidad competente del Gobierno Nacional a iniciar las acciones

legales correspondientes para que se declare la nulidad de las pensiones

obtenidas ilegalmente, salvo los casos definidos por sentencias con carácter de

cosa juzgada que se hayan pronunciado expresamente sobre el fondo del asunto

o que las respectivas acciones hubieran prescrito.

(*)

Segunda.-  El Estado garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las

pensiones que administra, con arreglo a las previsiones  presupuestarias que éste

destine para tales efectos, y a las posibilidades de la economía nacional.

Tercera.-    En tanto subsistan regímenes diferenciados de trabajo entre la

actividad privada y la pública, en ningún caso y por ningún concepto pueden

acumularse servicios prestados bajo ambos regímenes. Es nulo todo acto o

resolución en contrario.

Cuarta.- Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la

Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal

de Derechos Humanos  y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las

mismas materias ratificados por el Perú.

Quinta.- Las elecciones municipales se alternan con las generales de modo que

aquéllas se realizan a mitad del período presidencial, conforme a ley. Para el

efecto, el mandato de los alcaldes y regidores que sean elegidos en las dos

próximas elecciones municipales durará tres y cuatro años respectivamente.

Sexta.- Los alcaldes y regidores elegidos en el proceso electoral de 1993 y sus

elecciones complementarias concluyen su mandato el 31 de diciembre de 1995.

Sétima.- El primer proceso de elecciones generales que se realice a partir  de la

vigencia de la presente Constitución, en tanto se desarrolla el proceso de

descentralización, se efectúa por distrito único.

Octava.- Las disposiciones de la Constitución que lo requieran son materia de

leyes de desarrollo constitucional.

Tienen prioridad :

1. Las normas de descentralización y, entre ellas, las que permitan tener

nuevas autoridades elegidas a más tardar en 1995. Y

2. Las relativas a los mecanismos y al proceso para eliminar progresivamente

los monopolios legales otorgados en las concesiones y licencias de

servicios públicos.

(*)

Disposición  Final y Transitoria Primera sustituida por Ley Nº 28389, publicada el 17 de noviembre de 2004.

Antes de la reforma, esta disposición tuvo la siguiente redacción:

“Los nuevos regímenes sociales obligatorios, que sobre materia de pensiones de los trabajadores públicos, se establezcan,

no afectan los derechos legalmente obtenidos, en particular el correspondiente a los regímenes de los decretos leyes

19990 y 20530 y sus modificatorias.”55

Novena.- La renovación de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones,

instalado conforme a esta Constitución, se inicia con los elegidos por el Colegio

de Abogados de Lima y por las Facultades de Derecho de las universidades

públicas.

Décima.- La ley establece el modo como las oficinas, los funcionarios y

servidores del Registro Civil de los gobiernos locales y los del Registro Electoral

se integran al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Undécima.- Las disposiciones de la Constitución que exijan nuevos o mayores

gastos públicos se aplican progresivamente.

Duodécima.- La organización política departamental de la República comprende

los departamentos siguientes: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa,

Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad,

Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San

Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali; y la Provincia Constitucional del Callao.

Decimotercera.-  Mientras no se constituyan las Regiones y hasta que se elija a

sus presidentes de acuerdo con esta Constitución, el Poder Ejecutivo determina la

jurisdicción de los Consejos Transitorios de Administración Regional actualmente

en funciones, según el área de cada uno de los departamentos establecidos en el

país.

Decimocuarta.- La presente Constitución, una vez aprobada por el Congreso

Constituyente Democrático, entra en vigencia, conforme al resultado del

referéndum regulado mediante ley constitucional.

Decimoquinta.- Las disposiciones contenidas en la presente Constitución,

referidas a número de congresistas, duración del mandato  legislativo, y Comisión

Permanente, no se aplican para el Congreso Constituyente Democrático.

Decimosexta.- Promulgada la presente Constitución, sustituye a la del año 1979.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS ESPECIALES *

Primera.- El Presidente y los Vicepresidentes de la República elegidos en las

Elecciones Generales de 2000, concluirán su mandato el 28 de julio de 2001. Los

congresistas elegidos en el mismo proceso electoral culminarán su representación

el 26 de julio de 2001. No son de aplicación para ellos, por excepción, los plazos

establecidos en los artículos 90° y 112° de la Constitución Política.

Segunda.- Para efectos del proceso electoral que se realice en el 2001, el plazo

previsto en el primer párrafo del artículo 91° de la Constitución será de  cuatro

meses.

* Disposiciones Transitorias Especiales Primera y Segunda incorporadas

mediante Ley N° 27365, publicada el 5 de noviembre de 2000.56

Tercera.-   El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) distribuye los escaños en

cantidad de cuatro para Lima Provincias sin afectar la distribución nacional

existente y los seis escaños restantes conforme a ley.*

* Disposición Transitoria Especial  Tercera  incorporada mediante Ley N°

29402, publicada el 8 de setiembre de 2009.57

DECLARACIÓN

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

DECLARA  que el Perú, país del hemisferio austral, vinculado a la Antártida por

costas que se proyectan hacia ella, así como por factores ecológicos y

antecedentes históricos, y conforme con los derechos y obligaciones que tiene

como parte  consultiva del Tratado Antártico, propicia la conservación de la

Antártida como una Zona de Paz dedicada a la investigación científica, y la

vigencia de un régimen internacional que, sin desmedro de los derechos que

corresponden a la Nación, promueva en beneficio de toda la humanidad la

racional y equitativa explotación de los recursos de la Antártida, y asegure la

protección y conservación del ecosistema de dicho Continente.58

Í N D I C E

TITULO I

DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD

Artículos del 1º al 42º

CAPITULO I

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

Artículos del 1º al 3º

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONOMICOS

Artículos del 4º al 29º

CAPÍTULO III

DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y DE LOS DEBERES

Artículos del 30ºal 38º

CAPÍTULO IV

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Artículos del 39º al 42º

TÍTULO II

DEL ESTADO Y LA NACIÓN

Artículos del 43º al 57º

CAPÍTULO I

DEL ESTADO, LA NACIÓN Y EL TERRITORIO

Artículos del 43º al 54º

CAPÍTULO II

DE LOS TRATADOS

Artículos del 55º al 57º

TÍTULO III

DEL RÉGIMEN ECONOMICO

Artículos del 58º al 89º

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículos del 58º al 65º

CAPÍTULO II

DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES

Artículos del 66º al 69º

CAPÍTULO III

DE LA PROPIEDAD

Artículos del 70º al 73º59

CAPÍTULO IV

DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL

Artículos del 74º al 82º

CAPÍTULO V

DE LA MONEDA Y LA BANCA

Artículos del 83º al 87º

CAPÍTULO VI

DEL RÉGIMEN AGRARIO Y DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y

NATIVAS

Artículos  88º y 89º

TÍTULO IV

DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

Artículos del 90º al 199º

CAPÍTULO I

PODER LEGISLATIVO

Artículos del 90º al 102º

CAPÍTULO II

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

Artículos del 103º al 106º

CAPÍTULO III

DE LA FORMACIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS LEYES

Artículos del 107º al 109º

CAPÍTULO IV

PODER EJECUTIVO

Artículos del 110º al 118º

CAPÍTULO V

DEL CONSEJO DE MINISTROS

Artículos del 119º al 129º

CAPÍTULO VI

DE LAS RELACIONES CON EL PODER LEGISLATIVO

Artículos del 130º al 136º

CAPÍTULO VII

RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN

Artículo 137º

CAPÍTULO VIII

PODER JUDICIAL

Artículos del 138º al 149º

CAPÍTULO IX

DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

Artículos del 150º al 157º60

CAPÍTULO X

DEL MINISTERIO PÚBLICO

Artículos del 158º al 160º

CAPÍTULO XI

DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

Artículos 161º y 162º

CAPÍTULO XII

DE LA SEGURIDAD Y DE LA DEFENSA NACIONAL

Artículos del 163º al 175º

CAPÍTULO XIII

DEL SISTEMA ELECTORAL

Artículos del 176º al 187º

CAPÍTULO XIV

DE LA DESCENTRALIZACIÓN

Artículos del 188º al 199º

TITULO V

DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Artículos del 200º al 205º

TITULO VI

DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 206º

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

DISPOSICIONES TRANSITORIAS ESPECIALES

ANEXO

D E C L A R A C I Ó N

******************************

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